El bloque MID inició el trámite de baja de un denunciante de Galán
Se trata de Iván Luna Avellaneda, quien denunció al diputado provincial en la causa que lo investiga por presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
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El bloque de diputados provinciales del MID, presidido por Fernando Baigorrí e integrado por Javier Galán, inició el trámite para dar de baja como empleado legislativo a Iván Luna Avellaneda, quien se desempeñaba como asesor de bloque Nivel II en la Cámara de Diputados.
La decisión se conoció en medio del avance de la causa judicial que investiga a Galán por presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales, expediente en el que Luna Avellaneda figura como uno de los denunciantes y testigos principales.
Según trascendió, el pedido de baja fue presentado el viernes pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados remitió al Juzgado de Control de Garantías N° 4 documentación vinculada a Daniela Solohaga, la primera denunciante del legislador.
De acuerdo con fuentes judiciales, la información enviada por la Legislatura confirmaría que Solohaga fue dada de alta y posteriormente desvinculada como empleada legislativa en fechas que coincidirían con las mencionadas en su denuncia.
La joven acusó a Galán de abuso sexual con acceso carnal y además sostuvo que, pese a figurar como empleada de la Cámara de Diputados, cumplía funciones en el Corralón San Javier, comercio vinculado al legislador. También afirmó que fue apartada de su cargo luego de atravesar un cuadro de salud mental que derivó en una internación.
Galán negó públicamente esa versión y difundió en redes sociales un recibo de sueldo con el que aseguró que Solohaga continuaba percibiendo haberes. Sin embargo, el decreto de baja no figura publicado en la web oficial, aunque la Cámara habría confirmado judicialmente la desvinculación.
La investigación está a cargo del juez de Control de Garantías Marcelo Sago, quien concentra actualmente cuatro denuncias contra el diputado provincial. Además de la causa principal por presunto abuso sexual con acceso carnal, existen otras dos denuncias por abuso sexual simple y una cuarta presentación realizada por Luna Avellaneda por amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
En ese marco, la Justicia también solicitó informes a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) para determinar la situación societaria y la titularidad formal del Corralón San Javier, mientras avanzan medidas de prueba como pericias sobre teléfonos celulares y evaluaciones psicológicas de las denunciantes.
La línea investigativa más delicada apunta al posible uso de empleados pagados con fondos públicos para realizar tareas en un emprendimiento privado, figura contemplada en el delito de peculado de servicios.
En paralelo, Galán volvió a cuestionar públicamente el accionar judicial y denunció una supuesta persecución política en su contra. Durante una reciente sesión legislativa, el diputado defendió sus fueros parlamentarios y reclamó por distintas situaciones que, según sostuvo, reflejan arbitrariedades institucionales.