Fedelli rechazó el pedido de Galán para dar de baja a los empleados que lo denunciaron

La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli, confirmó que el cuerpo legislativo rechazó el pedido presentado por el diputado Javier Galán para dar de baja a Daniela Solohaga, la empleada que lo denunció penalmente por presunto abuso sexual, peculado de servicios y exacciones ilegales.

La decisión se apoyó en un dictamen de la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la Cámara, que consideró que la solicitud del legislador presentaba “vicios de nulidad absoluta e insanable” y podía interpretarse como una represalia en el marco de la causa judicial en curso.

“Nosotros no nos vamos a mover”, afirmó Fedeli durante una conferencia de prensa, donde además adelantó que la misma postura se adoptará respecto de Iván Luna Avellaneda, otro de los denunciantes cuya baja también había sido solicitada por el bloque del MID.

Según explicó la titular de la Cámara baja, el pedido de desvinculación de Solohaga fue presentado pocos días después de que ingresara un oficio judicial solicitando informes sobre la situación laboral de la mujer. Frente a ese escenario, la Presidencia resolvió requerir un control de legalidad antes de avanzar con cualquier medida administrativa.

Fedeli indicó que, una vez recibido el dictamen técnico, la Cámara decidió acatarlo en su totalidad y sostuvo que no existió apartamiento alguno, sino el seguimiento del procedimiento administrativo correspondiente.

En ese marco, la legisladora confirmó que Solohaga continuará desempeñando funciones dentro del Poder Legislativo, aunque será reubicada en otra área distinta al despacho de Galán.

La presidenta de Diputados también se refirió al debate sobre los fueros parlamentarios y la eventual posibilidad de un desafuero del legislador del MID, aunque evitó profundizar por integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De todos modos, remarcó que “porque somos legisladores no podemos llevarnos el mundo por delante” y sostuvo que cualquier funcionario debe ponerse a disposición de la Justicia si comete un delito.

El dictamen de Asesoría Legal analizó especialmente la cronología de los hechos. Según el informe, el 4 de mayo ingresó a la Cámara el oficio vinculado a la denuncia penal y apenas ocho días después Galán solicitó la baja de Solohaga con efecto retroactivo al 30 de abril, además del alta de otra persona en su reemplazo.

Para el organismo técnico, esa secuencia evidenciaría que la solicitud no respondía a razones administrativas ni laborales, sino que podía constituir un uso irregular de las facultades del legislador.

El documento también cuestionó la intención de aplicar una baja retroactiva y sostuvo que no existía sustento legal para afectar derechos adquiridos de la trabajadora.