La adenda del Proyecto Fénix reavivó el cruce entre oficialismo y oposición

La adenda al contrato del Proyecto Fénix volvió a instalar un fuerte debate político en la provincia, con cruces entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. El diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Minería, Damián Brizuela, salió al cruce de los cuestionamientos formulados por su par Francisco Monti (La Libertad Avanza), quien había denunciado una supuesta “improvisación institucional” en el texto aprobado.

Brizuela rechazó esas afirmaciones y sostuvo que las declaraciones de Monti “desvirtúan el contenido real de la adenda”. Según explicó, la incorporación de una cláusula anticorrupción no implica una cesión de poder hacia la empresa, sino que busca reforzar los mecanismos de control y establecer reglas claras sobre el uso de fondos públicos.

En ese sentido, el legislador oficialista afirmó que presentar la adenda como una señal negativa responde más a una estrategia política que a una preocupación genuina. “Lejos de ser una entrega, se trata de una decisión para anticipar escenarios y fijar procedimientos explícitos y verificables”, remarcó, al tiempo que negó que la empresa tenga facultades discrecionales para condicionar a la Provincia.

Brizuela también respondió a la crítica sobre la supuesta falta de un marco normativo general, al señalar que la adenda justamente establece condiciones escritas, delimitadas y aprobadas por la Legislatura. “Improvisar sería no prever controles ni reglas; aquí ocurre exactamente lo contrario”, subrayó.

Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, la adenda fue rechazada por los bloques de La Libertad Avanza, Generación del Cambio, el PRO y el MID. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo, acompañados por la UCR y Fuerza Catamarca.

Desde otro sector opositor, el ex diputado provincial Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño, también expresó fuertes críticas al acuerdo. Ávila sostuvo que, según su interpretación, la Provincia solo percibirá el 1,2% de las ventas totales y cuestionó que ese porcentaje quede sujeto a la evaluación de una consultora vinculada a la empresa.

El ex legislador calificó la situación como “absurda” y apuntó contra quienes acompañaron la aprobación de la adenda, a quienes acusó de perjudicar los intereses provinciales. De este modo, se sumó una tercera postura crítica al debate generado por el Proyecto Fénix.

La discusión en torno a la adenda refleja posiciones contrapuestas sobre el rol del Estado en la actividad minera y el equilibrio entre atraer inversiones y resguardar los recursos provinciales, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda política local.

En ese marco, Ávila también cuestionó el discurso oficial sobre la recuperación de YMAD. Afirmó que la Provincia solo ejercerá la presidencia del organismo, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán continuará percibiendo el 40% de las utilidades, y denunció una pérdida progresiva de coparticipación federal.

Finalmente, criticó el endeudamiento provincial destinado a obras de infraestructura vinculadas al sector minero, al advertir que la toma de deuda por 45.000 millones de pesos en el Banco Nación podría profundizar el ajuste y el empobrecimiento en la provincia.