Otra vez, se suspendió el inicio del juicio por el “Megafraude”
Esta vez fue por la presentación realizada por la defensa de dos de los imputados en la que se plantea irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y por ese motivo pide la absolución de sus defendidos.
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Aunque parezca mentira, a 17 años de haberse iniciado la causa por el “Megafraude” que involucra a funcionario del primer gobierno del extinto gobernador Eduardo Brizuela del Moral, el juicio oral sigue sin poder iniciarse. Se trata de la quinta oportunidad en la que, por presentaciones de las defensas de los imputados, se frena el proceso que investiga irregularidades cometidas en los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social en la contratación de fundaciones que realizaban capacitaciones. El juicio debía comenzar el próximo martes.
Esta vez, fue la defensa de los imputados Carlos Arriazu y Nancy Madueño, la que presentó el incidente por el cuál no se puede iniciar el juicio hasta que se resuelva al respecto. El abogado Víctor García, que ejerce la defensa de ambos acusados, solicitó la nulidad de la elevación a juicio al considerar que hubo alteraciones de parte la prueba en la que se basó la instrucción de la causa.
La presentación del letrado se fundamenta en que hay expedientes que fueron adulterados y que fue la propia Corte de Justicia la que así lo confirmó al resolver otro incidente en el que se cuestionaba la validez de dicha documentación. García sostiene que se trata de la prueba en la que se basó la instrucción y por ende todo lo actuado en base a esos expedientes no son válidos, cayéndose así la acusación en contra de sus defendidos.
La documentación a la que hace referencia García son unos expedientes en los que figuraban los pagos realizados a las fundaciones IDEIA y Jóvenes en Progreso y que habrían desaparecido de la Tesorería General de Gobierno y reaparecido tiempo después pero adulterados.
En la causa hay diez imputados acusados de fraude a la administración pública. Están implicados el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas (41 hechos en calidad de autor); el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos); el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu (11 hechos); Nancy Madueño ( 24 hechos) y los ex funcionarios del Ministerio de Hacienda en calidad de partícipes secundarios: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina, y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.
